Spam telecomunicaciones Perú 2026: nuevas reglas y control de llamadas
Spam telecomunicaciones Perú ahora cuenta con nuevas medidas tras la publicación del Decreto Legislativo N° 1723, vigente desde el 08 de febrero de 2026.
Esta norma busca fortalecer la protección de los usuarios mediante mecanismos de trazabilidad en llamadas y mensajes, reduciendo riesgos de fraude, suplantación de identidad y comunicaciones ilícitas.
¿Qué establece el Decreto Legislativo N° 1723?
La nueva regulación sobre spam telecomunicaciones Perú introduce medidas orientadas a mejorar la seguridad en las comunicaciones:
- Implementación de trazabilidad en llamadas y mensajes de texto.
- Prevención de fraude, extorsión y suplantación de identidad.
- Control del uso indebido de numeración telefónica.
- Refuerzo de la protección al consumidor en telecomunicaciones.
Obligaciones de las empresas operadoras
Las empresas deberán adoptar medidas específicas frente al spam telecomunicaciones Perú:
- Implementar mecanismos para identificar comunicaciones potencialmente ilícitas.
- Permitir a los usuarios reconocer el origen de llamadas y mensajes.
- Reducir el uso indebido de numeración telefónica.
- Aplicar sistemas de validación e identificación de comunicaciones.
Cambios en comunicaciones comerciales (spam)
En materia de spam telecomunicaciones Perú, se introducen modificaciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor:
- Regulación más estricta de comunicaciones comerciales no solicitadas.
- Asignación de numeración especial para identificar mensajes publicitarios.
- Implementación de métodos de validación de origen.
- Mayor transparencia en las comunicaciones comerciales.
¿Quién fiscaliza el cumplimiento?
El cumplimiento de las normas sobre spam telecomunicaciones Perú será supervisado por:
- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
- El INDECOPI, en materia de protección al consumidor.
- Autoridades competentes según el tipo de infracción.
¿Qué riesgos existen por incumplimiento?
- Sanciones administrativas por prácticas de spam.
- Multas por incumplimiento de normativa de telecomunicaciones.
- Investigaciones por fraude o suplantación de identidad.
- Daño reputacional para las empresas.
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